¿Qué ha pasado?
La Guardia Civil está investigando a treinta individuos por cometer un fraude en la obtención de subvenciones de la PAC de la Unión Europea. Supuestamente, en colaboración con personal de la Junta de Castilla y León, estos individuos omitieron el uso de guías de transporte de ganado y simularon pastoreo para obtener ayudas de manera ilegítima, las cuales llegaban a generar hasta 45,000 euros de beneficio por ganadero al año.
Las investigaciones sugieren que el beneficio ilícito total obtenido por los involucrados podría ser cercano al millón de euros. Como resultado de la investigación patrimonial, se han congelado alrededor de cien propiedades valuadas en más de cuatro millones de euros.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha declarado que están cooperando con la investigación y se consideran parte perjudicada en este caso. El fraude se relaciona con asuntos de sanidad y bienestar animal y ha sido objeto de una colaboración entre una unidad del Seprona y la Fiscalía Europea, conduciendo a la investigación de 22 personas físicas y ocho entidades jurídicas.
¿A qué acusaciones se enfrentan?
Los investigados enfrentan acusaciones de fraude en subvenciones, prevaricación administrativa, falsificación de documentos y estafa. Se han identificado irregularidades en el cobro de subvenciones por parte de ganaderos en diversas provincias, incluyendo Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2022 cuando se descubrió una trama que aparentemente falseaba las condiciones necesarias para obtener ayudas de la PAC de manera ilícita, en complicidad con personal de la Junta de Castilla y León. Los ganaderos investigados simulaban pastar en tierras de la provincia de Palencia, a pesar de mantener sus ganados en explotaciones intensivas.
Estos ganaderos recibían beneficios ilícitos de alrededor de 45,000 euros por año por simular el pastoreo en terrenos que en realidad no utilizaban para este propósito. Además, se ha demostrado que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran redirigidos de manera ilícita a ganaderos del sur de España, quienes utilizaban esos terrenos para realizar la trashumancia.
El fraude estaba presuntamente liderado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que validaba y gestionaba los expedientes fraudulentos, desoyendo las advertencias de los técnicos de su administración. La veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja del Jefe de la SAC y no realizó inspecciones de campo durante el período de los ilícitos investigados.
El Presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos, un documento necesario para solicitar las ayudas. Otras personas relacionadas con el Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero se encargaban de gestionar la obtención de beneficios ilícitos por parte de los ganaderos solicitantes en diferentes provincias.
